Diferentes especialistas han analizado en Madrid la situación actual del edadismo y el impulso de una Convención Internacional para las personas mayores.

La Jornada España ante la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores: avances, retos y compromisos, organizada por la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reunido en el Congreso de los Diputados a representantes institucionales, especialistas del ámbito jurídico y social y entidades del movimiento asociativo.

La apertura institucional ha corrido a cargo de Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP, y María Teresa Sancho Castiello, directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), que han destacado la importancia de la aprobación de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores para blindar los problemas de este grupo de edad y las brechas que existen en el ámbito, laboral, sanitario, digital, etc. Asimismo, han destacado que la Convención es el resultado de un largo proceso de reivindicación por parte del tejido asociativo, en aras de conseguir una sociedad más justa e igualitaria en la que las personas mayores tengan visibilidad.

La presidenta de la AINODI, María Teresa Verdugo Moreno, ha participado en la II mesa redonda, “El marco jurídico de la Convención y su encaje en el ordenamiento español”, moderada por Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Fundación Mutualidad. Junto a ella han intervenido María José Segarra Crespo, fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado; Ana María Marcos del Cano, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); y Carlos Ramón Fernández Liesa, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Durante su intervención, María Teresa Verdugo ha destacado que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores permitirá pasar de una regulación dispersa y fragmentada a un enfoque sistemático que ponga a las personas mayores en el centro. Además, obligará a que los Estados elaboren estadísticas y recopilen datos sobre los problemas reales que afectan a las personas mayores.

Asimismo, ha explicadoelpapel que podría desempeñar la Autoridad Independiente en la identificación, prevención y reparación de situaciones de discriminación hacia las personas mayores.

En ese sentido ha destacadola misión que tiene la AINODI de atender a víctimas de discriminación y recibir quejas y reclamaciones, su capacidad de mediación y de justicia restaurativa, el impulso del derecho administrativo sancionador, y la posibilidad de ejercer acciones judiciales y emitir recomendaciones que insten a corregir las malas prácticas.

Como medida institucional, María Teresa Verdugo ha comentado que la AINODI puede colaborar en combatir la infradenuncia en cuestiones de edadismo, y ha subrayado la importancia de partir del principio de autonomía y la capacidad de decisión de las personas mayores como criterio a respetar.