La presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (AINODI), María Teresa Verdugo Moreno, ha participado en la jornada “Si te discrimina no es justicia”, organizada por Red Acoge, Federación Sur Acoge, Servicio Jesuita a Migrantes y Fundación Secretariado Gitano, y celebrada en instalaciones cedidas gratuitamente por Fundación ONCE.

A lo largo de la jornada se ha generado un debate entre las instituciones y representantes de la sociedad civil sobre la efectividad del acceso a la justicia de las personas vulneradas a partir de casos concretos, tanto en el contexto español como en el internacional.

María Teresa Verdugo ha intervenido en la mesa “¿Justicia para tod@s?”, donde se ha debatido en torno a la propuesta de garantizar el ejercicio real del derecho a la no discriminación en el acceso a la justicia. La presidenta de la Autoridad ha analizado las novedades incluidas en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, destacando los derechos, garantías y herramientas que introduce para que pueda materializarse plenamente el derecho a la igualdad de trato e invocarse ante los tribunales. A continuación, ha explicado qué es la AINODI y sus funciones en apoyo de las pretensiones de las víctimas, sus asociaciones y la sociedad en general con respecto a la administración de justicia.

En relación con esto último, ha destacado la función que tendrá la AINODI de interesar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción administrativa en materia de igualdad de trato y no discriminación, haciendo mención al derecho administrativo sancionador en materia antidiscriminatoria y al papel de órgano instructor de los expedientes que se espera que pueda desarrollar la nueva Autoridad.

Igualmente, ha resaltado el reconocimiento expreso del derecho a la reparación del daño de las víctimas de discriminación, la posibilidad de solicitar la nulidad de pleno derecho de las disposiciones discriminatorias y la relevancia de que nuestra legislación incluya ahora normas sobre inversión de la carga de la prueba cuando se alegue la vulneración del derecho a la igualdad.

Además, ha recalcado el deber de colaboración que tendrán tanto las administraciones públicas como los particulares, que deberán proporcionar a la AINODI toda clase de información y datos de que dispongan para iniciar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación que revistan una especial gravedad o relevancia.

A lo largo de la jornada también se ha debatido sobre las iniciativas legislativas para garantizar el acceso universal a la justicia, los obstáculos que aún persisten, la situación de infradenuncia en los casos de discriminación o los retos que suponen nuevos desafíos como la inteligencia artificial.