La presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (AINODI) ha participado en la segunda reunión de la comisión de seguimiento del III Plan de Acción de Lucha Contra los Delitos de Odio 2025 – 2028 presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), en El Pardo (Madrid).

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido la Comisión de Seguimiento del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, y ha presentado el ‘Informe de evolución de los delitos e incidentes de odio en España en 2025’.

El ministro ha detallado que los delitos e incidentes de odio registrados en 2025 ascienden a 2.417 hechos, lo que supone un aumento del 23,6 por ciento respecto a 2024 y la cifra más alta de la serie histórica, iniciada en 2014.

Por ámbitos, el racismo y la xenofobia continúan siendo los delitos de mayor volumen, con un incremento del 16 por ciento. Un dato especialmente preocupante es el aumento de la participación de las personas menores de edad, tanto en calidad de víctimas —con un ascenso del 17 por ciento— como de autores de estos delitos, que se incrementa casi un 20 por ciento.

Maria Teresa Verdugo Moreno, presidenta de la AINODI, ha destacado durante su intervención el papel de la AINODI como autoridad independiente encargada de proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación de las personas por razón de las causas y en los ámbitos competencia del Estado previstos en la Ley 15/2022, de 12 de julio, tanto en el sector público como en el privado , y se ha referido a los trabajos preparatorios previos y el diseño de protocolos que está acometiendo la AINODI antes de la aprobación de su Estatuto, que previsiblemente tendrá lugar en el mes de junio.

Asimismo, la presidenta ha expuesto algunas de las funciones que asumirá la AINODI, entre ellas: garantizar la prestación de servicios especializados de atención y orientación a víctimas, tramitar quejas y reclamaciones, realizar  actividades de mediación y conciliación, emprender acciones judiciales, investigar posibles situaciones de discriminación, o interesar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción administrativa. Asimismo, ha destacado las reuniones previas que dicha Autoridad está manteniendo con diversas organizaciones sociales, instituciones y administraciones públicas con el fin de impulsar la colaboración interinstitucional, así como con el tercer sector y la sociedad civil en su conjunto.