Recibe y tramita quejas o reclamaciones tanto de las personas que hayan podido sufrir discriminación como de asociaciones o particulares que consideren que un acto, práctica o norma es discriminatorio.
Para probar los hechos denunciados, realizará investigaciones y los particulares y las administraciones públicas están obligados a colaborar, proporcionando toda la información necesaria.
Con el consentimiento expreso de las partes, puede establecerse como órgano de mediación o conciliación entre ellas, buscando una forma alternativa de resolución del conflicto en el que el infractor tome conciencia del error y la víctima se vea resarcida en un procedimiento sencillo, ágil y ajustado al caso concreto.
Cuando los hechos denunciados resulten probados y sea procedente la imposición de una multa o sanción al infractor por haber vulnerado la legislación en materia de igualdad de trato, impulsará el procedimiento y lo pondrá en conocimiento de la administración competente para que se imponga la sanción correspondiente.
Si los hechos denunciados resultan ser constitutivos de delito, se coordinará con el Ministerio Fiscal para que sean perseguidos y castigados adecuadamente.
Vela por el cumplimiento de la normativa reguladora de la igualdad de trato y no discriminación.
Informa sobre la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación, así como sobre planes y programas estatales de especial relevancia.